Cuando escuchamos la palabra compliance, es común pensar de inmediato en grandes multinacionales y parques empresariales de edificios altísimos. Muchos pequeños y medianos empresarios se preguntan: “Si tengo una pyme o un negocio con pocos empleados, ¿esto me afecta a mí?”. La respuesta corta es sí.
El compliance ha dejado de verse como una opción reservada a grandes compañías. También resulta relevante para pequeñas y medianas empresas, porque permite ordenar obligaciones, detectar riesgos y proteger el patrimonio y la reputación del negocio. Para entender su alcance conviene empezar por el principio.
Qué es el compliance y cuál es su alcance
Etimológicamente, compliance alude al acto de cumplir u obedecer una exigencia o norma. Sin embargo, reducirlo a evitar sanciones ofrece una visión incompleta. Tampoco se limita a identificar las normas externas aplicables a una empresa.
En la práctica corporativa, el compliance es el conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por una organización para prevenir, detectar y gestionar infracciones legales y éticas. Su finalidad incluye mitigar contingencias legales, proteger el patrimonio corporativo y salvaguardar la reputación empresarial. Comprende tanto las medidas necesarias para cumplir obligaciones externas como las decisiones internas que la empresa adopta voluntariamente para desarrollar mejor su actividad.
Es obligatorio el compliance para una empresa
No existe en España una única ley que obligue de la misma manera a todas las empresas a implantar un programa general de compliance. La necesidad concreta surge de distintas normas, de la actividad, del sector, de la plantilla y del riesgo penal u organizativo de cada entidad.
Obligaciones relacionadas con la actividad
Determinadas actividades están sujetas a sistemas de control específicos. Es el caso, entre otros, de sujetos obligados por la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, como determinadas entidades financieras, promotores o intermediarios inmobiliarios, joyerías, casinos y otros profesionales incluidos legalmente.
Exigencias privadas o sectoriales
También pueden existir requisitos procedentes de estatutos, normas internas, contratos o estándares sectoriales. Un ejemplo conocido es el del fútbol profesional, donde las reglas de competición incorporaron exigencias de compliance penal para los clubes participantes.
Obligaciones vinculadas a la plantilla
El umbral de 50 personas trabajadoras no determina por sí solo todas las obligaciones de cumplimiento. Existen deberes empresariales que pueden operar desde que hay plantilla, como promover condiciones de trabajo que prevengan el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, o elaborar una política interna sobre desconexión digital dirigida a las personas trabajadoras. El alcance y la respuesta ante un incumplimiento deben revisarse según la norma concreta y las circunstancias de la empresa.
Compliance penal y responsabilidad penal de las personas jurídicas
Es en la jurisdicción penal donde el compliance adquiere una dimensión organizativa especialmente relevante. Durante mucho tiempo rigió la idea de que solo las personas físicas podían cometer delitos y responder penalmente. Ese escenario cambió con la reforma del Código Penal de 2010 y su desarrollo posterior, que introdujeron la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Desde entonces, una empresa puede ser investigada y, si concurren los requisitos legales, condenada por determinados delitos cometidos en su nombre o por su cuenta y en su beneficio directo o indirecto. La responsabilidad puede relacionarse con actos de representantes o administradores y, en determinados supuestos, con conductas de empleados o colaboradores favorecidas por un incumplimiento grave de los deberes de supervisión, vigilancia y control.
De la multa a la disolución de la persona jurídica
Las consecuencias penales para una empresa pueden ser muy graves. El Código Penal contempla multas y, según el caso, medidas como la suspensión de actividades, la clausura de locales, la prohibición de realizar determinadas actividades, la inhabilitación para obtener subvenciones o contratar con el sector público, la intervención judicial e incluso la disolución de la persona jurídica.
El artículo 31 bis del Código Penal regula las condiciones en las que un modelo de organización y gestión eficaz, adoptado y ejecutado antes del delito, puede tener efectos de exención o atenuación. No basta con disponer de un documento genérico: el modelo debe responder a los riesgos de la organización, establecer controles adecuados y funcionar realmente.
Un programa eficaz debe formar parte de la empresa
El compliance no es un mero trámite documental ni un gasto prescindible. Su utilidad depende de que los protocolos se apliquen, se revisen y se conozcan dentro de la organización. La prevención pierde valor si el modelo no se adapta al negocio o si las personas que deben cumplirlo no reciben formación y canales claros de actuación.
Para hacer prosperar una empresa hay que dedicar tiempo y energía a lo importante. Las posibles sanciones, inspecciones o contingencias penales no deberían gestionarse de forma improvisada por quien carece de conocimientos jurídicos específicos. Por eso, resulta razonable que la dirección se centre en hacer crecer el negocio y delegue la seguridad jurídica de sus procesos en profesionales cualificados.
Preguntas frecuentes sobre compliance para empresas
Necesita compliance una pyme
El tamaño no es el único criterio. Deben revisarse el sector, la actividad, la plantilla, las relaciones con terceros y los riesgos concretos. Una pyme puede tener obligaciones específicas y puede beneficiarse de controles proporcionados a su estructura.
Un documento de compliance evita por sí solo la responsabilidad penal
No. La eficacia depende de que el modelo se haya diseñado para los riesgos reales, se ejecute, se supervise y se actualice. Un documento que no funciona en la práctica no ofrece la misma protección.
Cuándo conviene revisar el modelo
Debe revisarse periódicamente y cuando cambien la actividad, la estructura, la normativa o los riesgos; también cuando se detecten incidencias o fallos de control.
Si su empresa necesita identificar sus riesgos penales o revisar si sus controles funcionan de forma efectiva, el equipo de VELANTE puede estudiar la organización y definir un modelo proporcionado a su actividad.
