La noticia de que un familiar ha sido detenido suele llegar de forma fragmentaria, a través de una llamada breve, del aviso de un conocido o, sencillamente, de la ausencia de quien debía haber vuelto a casa. En esas primeras horas la familia dispone de poca información y de un margen de actuación reducido, aunque en absoluto irrelevante. Puede confirmar dónde se encuentra el detenido, facilitar que le asista un abogado penalista antes de que preste declaración y reunir la documentación que la defensa necesitará más adelante. Lo que no le corresponde es decidir si el detenido declara ni en qué sentido lo hace, cuestiones que este debe resolver con su abogado.
Conviene tener presente desde el principio que la detención policial es una situación de corta duración. Su límite ordinario es de setenta y dos horas y con frecuencia concluye bastante antes. Lo que sucede en ese intervalo, y en particular la primera declaración, puede sin embargo condicionar el desarrollo posterior del procedimiento, lo que explica la importancia de actuar pronto y con cierto orden.
Cómo saber dónde está y por qué lo han detenido
La Ley de Enjuiciamiento Criminal reconoce a toda persona detenida el derecho a que se ponga en conocimiento de un familiar, sin demora injustificada, el hecho de la detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento, así como el derecho a comunicarse telefónicamente con un tercero de su elección (artículo 520.2, letras e y f). En circunstancias normales, por tanto, la familia debería recibir el aviso de la propia dependencia policial o una llamada del detenido.
Cuando ese aviso no llega, lo razonable es dirigirse a la comisaría de la Policía Nacional o al puesto de la Guardia Civil de la zona en la que se produjo la detención, identificarse como familiar y preguntar si la persona se encuentra allí, desde qué hora, por qué delito y si ha designado ya abogado o se ha dado aviso al turno de oficio. Es útil anotar el nombre de quien atiende la llamada y la hora en que se realiza. No cabe esperar, en cambio, que los agentes expongan los hechos investigados ni que permitan ver al detenido, puesto que durante la detención policial no existe un régimen de visitas de familiares.
Este esquema admite una excepción. En supuestos tasados y con carácter excepcional, el juez puede acordar la incomunicación del detenido, medida que restringe temporalmente los derechos de comunicación y que queda sometida a control judicial (artículos 509 y 527 de la misma ley). Debe comprobarse, por último, que se trata efectivamente de una detención y no de una citación para declarar, situación distinta que analizamos en el artículo sobre la citación como investigado.
Cuánto tiempo puede durar la detención
La detención preventiva no puede prolongarse más allá del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. El artículo 17.2 de la Constitución y el artículo 520.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal fijan además un límite absoluto de setenta y dos horas, transcurrido el cual el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Es importante entender que ese plazo opera como máximo y no como un margen del que la policía pueda disponer libremente, de modo que, concluidas las diligencias, la detención ha de cesar aunque no se haya agotado.
El régimen general conoce dos variantes relevantes. En los delitos de terrorismo, el plazo puede prorrogarse cuarenta y ocho horas más con autorización judicial (artículo 520 bis). En sentido contrario, cuando el detenido es menor de edad el plazo máximo se reduce a veinticuatro horas, conforme al artículo 17 de la Ley Orgánica 5/2000, que impone además la comunicación inmediata a sus representantes legales y al Ministerio Fiscal.
Una vez que el detenido pasa a disposición judicial, el juez dispone a su vez de setenta y dos horas para resolver sobre su situación personal (artículo 497). Puede acordar la libertad, con o sin medidas cautelares, o la prisión provisional. Esta última, como regla general, solo puede decretarse si la solicita el Ministerio Fiscal o alguna de las acusaciones, y tras una comparecencia en la que interviene el abogado defensor (artículo 505).
La designación de abogado
La elección del abogado corresponde al detenido y no a su familia. Si no designa a ninguno, será asistido por un abogado del turno de oficio, y ninguna autoridad o agente puede hacerle recomendación alguna sobre el profesional que deba elegir (artículo 520.5). Nada impide, sin embargo, que sea la familia quien busque al abogado. Lo habitual en la práctica es que el despacho contacte con la dependencia policial, comunique su disposición a asumir la defensa y sea el propio detenido quien confirme la designación. Para ello conviene facilitar al abogado el nombre completo y el documento de identidad del detenido, la dependencia en la que se encuentra, la hora aproximada de la detención y el motivo, si se conoce.
Desde que recibe el encargo, el abogado dispone de un plazo máximo de tres horas para personarse en el lugar de custodia. Su intervención no se limita a estar presente en la declaración. Comprende también la entrevista reservada con el detenido antes de que esta se practique y el acceso a los elementos de las actuaciones que resulten esenciales para impugnar la legalidad de la detención.
Dos precisiones evitan malentendidos frecuentes. La primera es que la asistencia por un abogado de oficio no equivale a asistencia gratuita. La gratuidad depende de que se reconozca al interesado el derecho a la asistencia jurídica gratuita y, si no se le reconoce, deberá abonar al abogado los honorarios devengados por su intervención (artículo 6.2 de la Ley 1/1996). La segunda es que la intervención inicial de un abogado de oficio no impide designar con posterioridad a uno de confianza.
Los derechos del detenido
El artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a informar al detenido, por escrito y en un lenguaje comprensible, de los hechos que se le atribuyen, de las razones de su privación de libertad y de los derechos que le asisten. Entre ellos figuran el de guardar silencio, el de no declarar contra sí mismo y el de no confesarse culpable, junto con el derecho a la asistencia letrada ya mencionado. La ley reconoce asimismo el derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete cuando el detenido no comprenda el castellano, el derecho a ser reconocido por un médico y, en el caso de los extranjeros, el derecho a que se comunique la detención a la oficina consular de su país y a recibir la visita de sus autoridades consulares.
De todos ellos, el derecho a guardar silencio es probablemente el peor comprendido. Su ejercicio en sede policial no constituye un indicio de culpabilidad ni puede valorarse como tal, y en muchos casos es la opción más prudente mientras la defensa no conozca el contenido del atestado. Se trata, en todo caso, de una decisión que debe adoptarse con el abogado a la vista de las circunstancias de cada asunto.
El papel de la familia
La familia no es parte en el procedimiento. No puede acceder al atestado ni estar presente en la declaración, y el abogado, sujeto al secreto profesional, solo le trasladará la información que su cliente autorice. Esta limitación, que a menudo se vive con frustración, es consecuencia directa de las garantías que protegen al propio detenido.
Su colaboración resulta, pese a ello, valiosa. Si el detenido sigue un tratamiento médico o padece una enfermedad relevante, debe comunicarse cuanto antes a la dependencia policial y al abogado. Es igualmente útil reunir la documentación que acredite el arraigo personal, familiar y laboral del detenido, como el contrato de trabajo, las nóminas, el certificado de empadronamiento o el título de ocupación de la vivienda, porque son los elementos que la defensa hará valer si el fiscal solicita la prisión provisional. Cuando la familia disponga de mensajes, documentos o datos de testigos relacionados con los hechos, lo procedente es entregarlos al abogado tal como se encuentran, sin seleccionarlos ni alterarlos.
El habeas corpus ante una detención ilegal
Cuando la detención carece de cobertura legal, excede el plazo máximo o se practica sin respetar los derechos del detenido, el ordenamiento ofrece un remedio específico. El procedimiento de habeas corpus, regulado en la Ley Orgánica 6/1984, permite obtener la inmediata puesta a disposición judicial de la persona detenida para que el juez examine la legalidad de su privación de libertad.
Interesa destacar que la legitimación para instarlo no se limita al propio detenido y a su abogado. Alcanza también a su cónyuge o pareja, a sus ascendientes, a sus descendientes y a sus hermanos. La solicitud no requiere abogado ni procurador y, una vez incoado el procedimiento, el juez oye al detenido y resuelve en el plazo de veinticuatro horas. Su objeto es, no obstante, limitado. En él no se discute la culpabilidad o la inocencia de la persona, sino exclusivamente la regularidad de la detención, razón por la cual su presentación debe valorarse con el abogado.
Errores que conviene evitar
La preocupación lleva a veces a los familiares a adoptar iniciativas que perjudican a quien pretenden ayudar. La más grave consiste en ponerse en contacto con el denunciante o con los testigos. Un gesto de esa naturaleza puede interpretarse como un intento de influir en las fuentes de prueba, riesgo que la ley contempla expresamente entre los fines que justifican la prisión provisional (artículo 503), y puede llegar a constituir delito si va acompañado de presión o intimidación.
Tampoco debe eliminarse ningún mensaje, archivo o perfil. La destrucción de información suele dejar rastro y acostumbra a resultar más perjudicial que el contenido que se pretendía ocultar. Por razones parecidas, es desaconsejable difundir el caso en redes sociales o preparar una versión de los hechos para que el detenido la repita. La declaración se prepara con el abogado y a partir de lo que consta en las actuaciones.
Qué ocurre después de la detención
La detención puede concluir de tres maneras. La policía puede dejar en libertad al detenido una vez practicadas las diligencias, en cuyo caso el procedimiento continúa y lo normal es que reciba más adelante una citación judicial. Puede ponerlo a disposición del juez de guardia, que le tomará declaración y resolverá sobre su situación personal. Y, tratándose de determinados delitos, puede citarlo directamente ante el juzgado de guardia para la celebración de un juicio rápido en un plazo de pocos días.
Ninguno de estos desenlaces anticipa el resultado final. La puesta en libertad no significa que el asunto haya quedado archivado, del mismo modo que el paso a disposición judicial no presupone una condena. En todos los casos el procedimiento sigue su curso y la defensa debe prepararse desde el primer momento.
Preguntas frecuentes
Durante la detención policial no se permiten visitas de familiares. El detenido conserva, salvo incomunicación acordada judicialmente, el derecho a realizar una llamada telefónica a la persona que elija y a que se informe a un familiar del lugar en que se encuentra.
La familia puede buscar al abogado y ponerlo en contacto con la dependencia policial, pero la designación corresponde al detenido, que deberá confirmarla.
Solo lo es cuando se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita, lo que depende de los ingresos y del patrimonio del interesado. En caso contrario, el detenido debe abonar los honorarios de su intervención.
En el régimen general, un máximo de setenta y dos horas desde la detención. Con frecuencia el plazo es inferior, porque la detención debe cesar en cuanto concluyen las diligencias policiales.
Asistencia a detenidos en Granada
VELANTE presta asistencia a detenidos en dependencias policiales y ante el juzgado de guardia, tanto en Granada como en el resto de España. Si han detenido a un familiar suyo, puede ponerse en contacto con el despacho en el teléfono 958 19 65 39 o a través de la página de contacto, indicando los datos que tenga confirmados.
Este artículo tiene carácter informativo y no sustituye el asesoramiento jurídico sobre un caso concreto.
